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COORDINADORA ESPAÑOLA

¿Acabará la crisis con el taxi en Madrid?

Alberto Grasa
 
Paradas llenas de vehículos, carreras escasas, competencia inmigrante y delincuencia.
  
El taxista español y en concreto el madrileño, estereotipos aparte, siempre había sido imagen del autónomo valiente que ganaba su dinero tras jornadas de doce y más horas. Cuando ahorraba suficiente compraba una segunda o inclusive tercera licencia, contratando taxistas a cuenta ajena o dando una posible salida laboral a su hijo en paro. Solo creaban flotas ocasionalmente. En su mayor parte no llegaban a suponer el equivalente a una empresa al uso y el trato entre el propietario y el conductor era más amistoso que el de otro empresario con su asalariado.

 

La crisis económica ha traído una bajada de la demanda del taxi en toda España que está poniendo en peligro el futuro del sector. La crisis sería más soportable si sus órganos de dependencia, los ayuntamientos, se preocupasen por ellos. Para desviar la atención algunos achacan al desarrollo de otros transportes públicos el exceso de oferta del taxi. Esto no es cierto, siempre han coexistido taxi, metro o autobús. Cada uno tiene un público específico.
 
El origen problema tiene sin duda matices económicos, pero ocurriría del mismo modo por culpa de la creciente inmigración e inseguridad. La supervivencia de esta industria puede y debe ser gestionada por los ayuntamientos para evitar el exceso de licencias y favorecer la contratación del asalariado español frente al extranjero. Para ello deberían afrontar las siguientes medidas:
 
 
Controlar el tráfico de licencias y eliminar intermediarios.
  
Estos acaparan gracias a su liquidez las licencias que salen a la venta y las revenden a los precios acordados entre ellos. La licencia es un otorgamiento municipal y es el ayuntamiento quien debe gestionar su compra y reventa, en una gestión asesorada por los taxistas a través de sus asociaciones.
 
Hemos tenido unos años de sobrevaloración de las licencias que empeñaban al taxista joven. Hoy tenemos un desplome que trunca las esperanzas de recuperar el dinero del que se jubila. Por medio encontramos las lógicas protestas de quien veía vender licencias otorgadas gratuitamente por los alcaldes años atrás. Si el ayuntamiento compra las licencias a unos precios negociados con las asociaciones de taxistas, el valor de las licencias dejará de tener la volatilidad actual, asegurando una venta justa al jubilado y una compra aceptable al novel.
 
Mediante el control de la compraventa de licencias se puede regular el número de taxis en la calle, reduciendo la cantidad hasta llegar a un equilibrio basado en los siguientes puntos:
 
·         La demanda de taxis en el correspondiente ámbito territorial coordinando municipios vecinos.
·         El nivel de oferta de servicios de taxi en el cada municipio.
·         La actividad comercial de cada municipio y su potencial para generar demanda de  taxis.
·         La escasez de otros servicio públicos a cubrir con taxis.
Hace no muchos años los mismos taxistas madrileños llegaron a pedir esto poniendo el dinero ellos, sabiendo que se hacían un favor a sí mismos reduciendo el número de licencias. La venta de las licencias compradas, descontando el número a retirar en cada municipio de los que estén saturados, debe tener como destinatario al taxista español, con carnés de conducir obtenidos en España.
 
 
Controlar a los floteros y la competencia desleal de la inmigración.
  
Es sabido en el sector que muchos, bien contratan inmigrantes para negociar el reparto de los beneficios del taxi a la baja, bien amenazan con hacerlo cuando el conductor es español.
 
Los ayuntamientos deben controlar las situaciones de abuso hacia el conductor español, equilibrando los contratos leoninos contra el conductor, con sanciones al flotero cuyo mal comportamiento se demuestre. Las mismas sanciones se deberían aplicar al que contrate con preferencia al conductor extranjero frente al nacional. Los poseedores de varias licencias que cumplan con honradez con sus conductores y deberían verse beneficiados con reducción de impuestos.
 
 
Controlar el incremento de la Delincuencia.
 
En épocas de crisis determinadas profesiones deberían ser consideradas de riesgo. Un taxista al final de su jornada es una persona cansada con bastante dinero en el bolsillo, si el día ha sido bueno. El ayuntamiento debe financiar los llamadores de emergencia al uso de las alarmas de las joyerías, conectados con la policía y con dispositivos GPS que indiquen a las fuerzas de seguridad donde se halla el taxista en peligro.
 
La cantidad de dinero para poner en marcha estas medidas, asegurando casi cien mil puestos de trabajo en toda España es infinitamente menor que la destinada a la mayoría de los absurdos proyectos del “Plan E”. Por otro lado el taxi es dentro del sector servicios, el área donde más se puede desarrollar el gremialismo, lo que supone una llegada más directa del beneficio al trabajador al carecer de intermediarios. Solo esto debería bastar para proteger el sector.

 

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